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por: Bernardo Torres
 
Chilpancingo, Gro. 13 de Febrero del 2018.- Trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero, demandaron a las instancias de fiscalización estatal y federal, iniciar una auditoría a esta dependencia, por la opacidad con la que está manejando el tema de las rentas de edificios, que en tres años ha superado los 100 millones de pesos.
 
Jorge Antonio Cisneros Salinas, secretario general de la Delegación D-III-16-02 del Ex Ineban, adelantó que el tema ya debe tratarse con seriedad, porque por un lado argumentan que no hay recursos para la reconstrucción de las oficinas centrales y por otro lado, han gastado más de lo que hubiese costado el proyecto.
 
En Junio del año pasado, hicieron un estudio sobre el gasto y el número de oficinas alternas que tienen la Secretaría de Educación Guerrero, y que están siendo rentadas a funcionarios y mismos trabajadores de la dependencia, lo cual más allá de ser una necesidad es un negocio redondo.
 
En esa ocasión determinaron que son cerca de 60 inmuebles que fueron habilitados tras la dispersión de los servicios educativos, y algunos que ya estaban siendo rentados desde años atrás por un monto aproximado de dos millones 800 mil pesos mensuales, lo cual genera muchas dudas, porque no ha sido transparentado.
 
“En la vía de los hechos es otra situación, nosotros es una información que decimos la tenemos y en su momento la vamos a presentar, porque el monto supera lo informado, hay edificios que llevan más de tres años rentándose y si hacemos cuentas, dos millones de pesos, serán más de 100 millones”.
 
Durante el cierre del Departamento de Formación Continua de la SEP, expuso que esta área se ha destacado por su opacidad en la distribución de los recursos que llegan de la federación por concepto de evaluaciones, al ser la base operativa de la Reforma Educativa y que es evidente que no está funcionando, pero si recibiendo los recursos.
 
Expuso que con la implementación de la reforma, los únicos beneficiados han sido los jefes y funcionarios, pues los más de 28 mil trabajadores que supuestamente ya están integrados a la nueva Ley del Servicio Profesional Docente, no han visto ningún beneficio, de lo contrario, ahí están los maestros idóneos sin plazas y sin empleo.
 
Expuso, que las autoridades ya tienen conocimiento de esta exigencia de auditar cada una de las áreas de la SEG, y las que manejan recursos con mayor prontitud “por el mal manejo que están haciendo de estos recursos, porque es sabido que la reforma sólo está beneficiando a los jefes”.
 
En las próximas movilizaciones dijo, harán un llamado más formal a las entidades fiscalizadoras, para que se transparente el uso de los recursos, además de continuarán con la resistencia a que se aplique la reforma, como se ha venido haciendo en los estados del sur del país.
 
También llamaron a las autoridades estatales, a que el próximo 27 de febrero les den una respuesta clara y concreta sobre el proyecto de rehabilitación del edificio del Ex Ineban que alberga las oficinas centrales de la SEG “no queremos que nos salgan con que no hay recursos, que no lo ha aprobado el Congreso o algún otro pretexto”.
 
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