El juzgado Décimo de Distrito concedió un amparo al diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, para dejar sin efecto la orden de aprehensión que se mantiene en su contra por el asesinato del ex director de Catastro de San Miguel Totolapan, José Ceferino Gil.
De acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso el reportero, se conoció que el amparo le fue concedido en una audiencia que se desarrolló el pasado martes 16 de mayo.
En el último acuerdo de la demanda de amparo que interpuso el legislador con licencia y que fue identificada con la clave 108/2017, se indica que la Justicia de la Unión “ampara y protege” a Saúl Beltrán Orozco contra la orden de aprehensión que dictó un juzgado penal con sede en Arcelia.
Beltrán Orozco promovió el amparo para dejar sin efectos la orden de aprehensión el 2 de febrero de 2017, y seis días después el fiscal general, Xavier Olea Peláez solicitó al Congreso del Estado un juicio de procedencia de desafuero en contra del diputado que se relaciona con el cártel de Los Tequileros, que encabeza un capo identificado como Raybel Jacobo Almonte.
La Comisión Instructora del Congreso del Estado postergó deliberadamente el juicio de procedencia. En lugar emitir su dictamen dentro del plazo de 10 días que establecen las leyes, amplío el proceso por alrededor de tres meses, tiempo suficiente para que el Juzgado Federal le concediera el amparo al legislador priista.
El 3 de mayo de 2017 el pleno del Congreso del Estado aprobó la licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido que había solicitado un día antes a la Mesa Directiva del parlamento de Gurrero.
El caso de Beltrán Orozco derivó en amplios cuestionamientos en contra del fiscal, Xavier Olea porque se inició un procedimiento penal en contra del diputado sin antes solicitar su desafuero, así mismo porque una vez que solicitó su licencia se negó a ejercer la orden de aprehensión y detenerlo.
En tanto que la Comisión Instructora del Congreso del Estado fue cuestionada porque dilató el juicio de procedencia, al grado de erigirse como un tribunal que buscaba determinar la culpabilidad o la inocencia de Beltrán, y no únicamente si había elementos para ser desaforado.
En la resolución del juez se ordena que se deje insubsistente la orden de aprehensión que se emitió el 9 de enero de 2017.
El juicio de amparo se deriva de la acusación formulada en contra del legislador, por el delito de homicidio calificado en agravio del ex director de Catastro de San Miguel Totolapan que ocurrió el 24 de septiembre de 2014, cuando el diputados priista era alcalde de San Miguel Totolapan.
En un documento en el que se da cuenta al Congreso del Estado de la resolución del juzgado federal se indica que “el fallo del juzgador Jacinto Figueroa Salmorán, establece que existen inconsistencias en la orden de detención que en su momento giró la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otros”.
Y se anexa que “no se valoraron la totalidad de las pruebas para determinar la participación del imputado en los hechos, y sólo se fundamentó en testigos que coinciden en que por rumores conocidos en su comunidad, saben que Saúl Beltrán presuntamente está implicado en los hechos”.
Agrega el documento que, “otra inconsistencia que viola las garantías del inculpado, se advierte del análisis de la probable responsabilidad penal que se hizo en la resolución reclamada. De forma genérica la juzgadora – de Arcelia- señaló que con las testimoniales recabadas en la averiguación previa se acreditaba la participación del activo”.
El juez federal determinó que el juzgado de Arcelia dictó la orden de aprehensión de acuerdo a interpretaciones personales sin tomar en cuenta más pruebas:
“La juez responsable tuvo por acreditada la posible participación del inculpado, pero lo cierto que son inferencias e interpretaciones personales que tienen que ser vinculadas a otros medios de prueba”.
Y corrigió la plana al juzgado del Tribunal Superior de Justicia al señalar que “la juzgadora, incorrectamente” acreditó el delito de homicidio “por inferencia del resultado de la inspección ocular del lugar donde se encontraron los restos de quien al parecer, en vida se llamaba Antonio Zeferino Gil”.
Figueroa Salmorán consideró que la jueza de Arcelia incurrió en “vicios formales” puesto que en su resolución expuso argumentos que “no son válidos” y “no es congruente su conclusión con la de los dictámenes periciales en los que se apoyó”.
Además al de ordenar la aprehensión no analizó la inmunidad constitucional que reviste al quejoso por ser Diputado local por el Distrito XVII en el Estado de Guerrero.
En el desarrollo de la investigación en la que se recabaron declaraciones de testigos que resultaron contradictorias y derivadas de rumores, se le negó su derecho a audiencia y de aportar pruebas de descargo, lo que representó violaciones al debido proceso y a su garantía de defensa.
Así mismo en la resolución emitida el martes por el juez federal, fue notificada legalmente a las partes interesadas, por lo que, “los abogados autorizados por el diputado, Gonzalo Nava Trujillo y Raúl Monzón González, emiten el presente comunicado para dar a conocer el fallo a la opinión pública”.

 

 

 

 

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