De nueva cuenta fue presentada ante el Congreso de Guerrero una solicitud de revocación de mandato en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, por presuntos actos de corrupción, desvíos de recursos y nepotismo.

 

Esta tarde la Mesa Directiva del Congreso local notificó al pleno de la Comisión Permanente que se recibió un oficio signado por la ciudadana Edita Ivón Nava Sánchez,  quien solicita se inicie un juicio de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan. El caso  fue turnado a la Comisión Instructora para su análisis y dictaminación.

 

En entrevista, Nava Sánchez comentó que las razones por las que presentó el juicio son las mismas que argumentó el grupo opositor, encabezado por el síndico procurador, Benito Sánchez Ayala, y tres regidores.

 

Sin embargo explicó que en esta ocasión solamente son mujeres quienes participarán en la exigencia de que Felícitas Muñiz sea removida del cargo, incluso comentó que el asesoramiento legal lo recibirán de abogadas.

 

Esto luego de que la Sala Superior del Trife determinó que los opositores a la alcaldesa no acataron la sentencia por la que se protegían sus derechos político-electorales, al considerar que existía violencia política de género.

 

“Las autoridades e instituciones involucradas no hicieron caso, porque según quienes exigían la destitución de la alcaldesa eran hombres, argumentando razones de equidad y género, así que ignoraron el caso. Por eso ahora le vamos a entrar las mujeres, incluso nuestras abogadas son mujeres. Nosotros sólo exigimos que se aplique la ley y que se haga justicia”.

 

Nava Sánchez aseguró que tanto el PRI, como Movimiento Ciudadano están protegiendo a la alcaldesa, razón por la que presuntamente el Trife falló a su favor, evitando que fuera removida del cargo pese a que “existe un mal manejo de recursos, y pruebas suficientes que lo confirman”.

 

Advirtió que si en esta ocasión el juicio de revocación de mandato no prospera en el Congreso local, tomarán otras medidas para presionar a las autoridades.

 

Entre las irregularidades que se atribuyen a la presidenta, hay obras que presuntamente no fueron ejecutadas pero que sí se reportaron en el ejercicio del presupuesto, además de que tiene a más de una decena de sus familiares en la nómina del ayuntamiento.

 

ANG

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